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El TSJ de Madrid anula el cierre de la capital y de otras diez localidades de la región

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas que restringen desde el viernes 2 de octubre la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital, al entender que son “una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos”. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido la convocatoria, esta tarde, del grupo covid-19 con la Comunidad de Madrid y está dispuesto a tomar todas las decisiones jurídicas para proteger a los ciudadanos.

TSJ Madrid
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, toma asiento antes de comparecer ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, este jueves, en Madrid. EFE/Fernando Villar

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del TSJM ha denegado así las medidas que prevén actuaciones sanitarias coordinadas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el pasado viernes por la Consejería de Sanidad de Madrid, ha informado este tribunal.

El Tribunal entiende que las medidas son “una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare”.

La Sala explica que la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se aprobaron las últimas medidas restrictivas se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pero en opinión de los magistrados ese artículo “no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.

Entienden que “las medidas limitativas de derechos fundamentales” que establece la Orden del 1 de octubre de la Consejería de Sanidad “constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

E inciden en que en el orden constitucional español corresponde a los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales “la delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.

“Dicho de otro modo, los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho”, añade el fallo.

En la resolución, los magistrados precisan que ahora nos encontramos ante un marco legal “que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis” al ratificar las medidas que entraron en vigor a finales de septiembre en 45 zonas sanitarias, ya que ahora se trata de un mandato del ministerio.

La Sala asegura que es “consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes, ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad”, pero también “de la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance”.

“Para ello nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”. concluye.

Sanidad dice que tomarán todas las decisiones jurídicas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, minutos después de conocer esta decisión judicial comparecía en la Comisión de Sanidad del Congreso donde ha anunciado una reunión esta tarde del grupo covid-19 con la Comunidad de Madrid para analizar este rechazo del TSJM a las medidas, como el confinamiento perimetral de la capital.

“Tomaremos todas las decisiones jurídicas para proteger la salud”, ha destacado el ministro quien no ha dejado de escribir en su teléfono móvil y ha sido necesario un receso de unos minutos.

“Pensemos siempre en los enfermos, las familias y los sanitarios; a partir de aquí y guiados por los expertos que nos aconsejan adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud”, ha dicho Illa, quien se ha mostrado seguro de que la Comunidad de Madrid “coincidirá con este planteamiento”.

“El plan A, el plan B y el plan C es proteger siempre la salud pública, basándonos siempre en recomendaciones de los expertos”, ha subrayado el ministro.

El titular de Sanidad ha reiterado que “nos importa muy poco, es decir nada, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos. Esa es la política del Gobierno que está alineada con la ciencia y los técnicos”.

Según  el ministro, no es la primera vez que un TSJ no ratifica medidas contra la expansión del virus. “Buscaremos la forma de actuar ante esta decisión judicial que, por supuesto, respetamos”.

El ministro ha advertido de que no es suficiente con reducir el crecimiento del virus sino que hay que doblegar la curva y eso solo puede hacerse con medidas “contundentes” en algunas zonas.

“No vamos a escatimar con las medidas de prevención necesarias”, ha asegurado.

TSJ Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Zipi

Sánchez: “Hay que poner todas las medidas encima de la mesa”

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en Argel, en visita oficial, que es preciso “poner todos los instrumentos y medidas encima de la mesa” al considerar “preocupante” la evolución de la pandemia y ha recordado que el estado de alarma fue el mecanismo al que se recurrió al inicio de la pandemia y resultó “muy eficaz”.

Sánchez ha ofrecido al Gobierno de la Comunidad de Madrid “la máxima colaboración y cooperación”, respetando sus competencias, pero sustentando las decisiones en “criterios científicos y técnicos” y medidas “proporcionales” a la gravedad de la situación sanitaria.

Madrid ofrece al Gobierno consensuar medidas “sensatas”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido este jueves diálogo al Gobierno nacional para consensuar unas medidas para contener la expansión del coronavirus en la región que sean “sensatas, justas y ponderadas”.

La intención, según ha avanzado Ayuso en una comparecencia en la sede del Gobierno regional, es publicar una orden este viernes con las medidas consensuadas.

Además, ha anunciado que su Ejecutivo va a retirar las medidas cautelares que había pedido ante la Audiencia Nacional contra las restricciones decretadas por el Ministerio de Sanidad con el objetivo de “evitar más confusión todavía a la ciudadanía”.

La información sobre el auto ha coincidido con la celebración del pleno de la Asamblea de Madrid al que han asistido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha abandonado el hemiciclo al igual que otros miembros del Gobierno regional como el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

PP y Vox piden la dimisión de Illa

Los grupos parlamentarios PP y VOX, además de Navarra Suma, han pedido la dimisión de Salvador Illa durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso donde la decisión judicial que afecta a Madrid ha trastocado el orden del día y las intervenciones de los portavoces.

La diputada del PP Ana Pastor ha conminado al ministro a que anuncie “que no le queda ni un día más en el ministerio” y que el “varapalo” que supone esta decisión judicial es “la gota que ha colmado el vaso” en la gestión de la pandemia, además de criticar que “tome el pelo” a la comisión.

“No tolero que me acuse de tomar el pelo y de ocultar datos” a esta comisión, ha respondido Illa en un tono más elevado del habitual. El ministro ha dicho que echaba en falta “un tono de humildad” y otra manera de expresarse por parte de alguien que ha sido ministra de Sanidad y ha vuelto a tender la mano para derrrocar “todos juntos” al virus.

El diputado de VOX Juan Luis Steegmann ha pedido la dimisión, como lleva haciendo su grupo desde el pasado mes de marzo, del ministro y ha dicho que el Gobierno “está desaparecido”, mientras que el diputado de Navarra Suma Sergio Sayas le ha dicho que ya “solo le queda marcharse” y que la decisión del TSJ supone “decirle basta ya de obrar con criterios políticos”.

Desde Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz ha dicho que la gestión de la pandemia “es muy mala” como demuestra la resolución judicial, pero que es momento de “arrimar el hombro” a pesar de las actitudes “cainitas” de la política.

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