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Se plantea el toque de queda y se esperan primeras vacunas en diciembre

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este martes que se está evaluando un nuevo estado de alarma que de amparo legal a la aplicación del toque de queda, en todo o en parte del territorio, ante el avance de la pandemia, aunque para ello el Gobierno necesita saber si cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios, como el del PP. Además, ha anunciado que las primeras dosis de vacuna contra el coronavirus podrían llegar a España el próximo mes de diciembre

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE/ Mariscal

Salvador Illa ha comparecido en conferencia de prensa, junto a la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, y ha destacado que los españoles deben estar “en guardia y en alerta” ante la situación “delicada y preocupante” de la segunda ola de coronavirus en España y en Europa.

Ambos ministros han hecho un llamamiento a la población ante el avance de los contagios para que practiquen la responsabilidad individual (higiene de manos, distancia social, mascarilla y ventilación de espacios cerrados).

“Quiero ser claro. Vienen semanas muy duras, viene el invierno, la segunda ola no es amenaza, es una realidad en toda Europa. Para frenar al virus hay dos claves: reducir la movilidad y los contactos con otras personas”, ha insistido Illa.

“Mejor entre todos, con nuestro esfuerzo, que con limitaciones legales”, ha añadido.

Sin embargo, el titular de Sanidad ha señalado que se está evaluando, tras el planteamiento de algunas comunidades autónomas como la de Madrid, aplicar el toque de queda que requeriría el amparo legal del estado de alarma ya que no bastaría con la ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Este toque de queda podría aplicarse en todo o en parte el territorio nacional.

Illa ha recalcado que antes de recurrir a esa medida, el Gobierno quiere saber si cuenta con el consenso suficiente de los grupos parlamentarios, en especial el compromiso del PP, por si es necesario prolongarla más allá de 15 días.

El ministro ha insistido en que esta medida “está en estudio”, que no se han planteado de momento franjas horarias, y que se debatirá en varios escenarios, como en el Consejo Interterritorial de Salud que se reúne el próximo jueves.

Preguntado por si el Ejecutivo pudiera tomar el mando único de la gestión de la pandemia frente a las comunidades autónomas, Illa ha asegurado: “El Gobierno no quiere sustituir a ninguna administración, solo coordinarlas a todas”.

Toque de queda en Madrid

Respecto a la Comunidad de Madrid, Illa ha señalado que el Gobierno no va a pedir la prolongación del estado de alarma tras 15 días y que termina el próximo sábado por la tarde.

Aunque no continúe el estado de alarma, el ministro ha manifestado que habrá que seguir aplicando medidas estrictas para seguir bajando la incidencia acumulada en Madrid, ahora en 400 casos por cada 100.000 habitantes, ya es todavía alta, a pesar de haber descendido desde los más de 700 casos durante las dos últimas semanas.

Medidas que esta tarde estudiará el Grupo Covid-19 de coordinación entre los gobiernos central y autonómico.

El consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero ha dicho este martes que la Comunidad de Madrid estudia pedir al Gobierno que declare el toque de queda para lograr que no haya ningún tipo de movilidad en determinadas horas del día, como se ha decidido en Francia.

Las primeras vacunas contra el coronavirus, en diciembre

El ministro de Sanidad también ha anunciado que el Consejo de Ministros ha autorizado la compra anticipada de vacunas, lo que facilitará que España reciba 31.555.469 millones de dosis, de las que 3,1 millones llegarán en diciembre si el fármaco anticovid de Astrazeneca supera todos los filtros de seguridad y eficacia.

Ese total de 31,5 millones de vacunas, serán de doble dosis y servirán para inmunizar a unos 15 millones de ciudadanos. Llegarán entre los próximos meses de diciembre de 2020 y junio de 2021.

De esta forma, Sanidad concretará para España los términos del acuerdo formal de compra, suscrito el pasado 27 agosto, entre la Comisión Europea, en representación de los Estados miembros, y la empresa farmacéutica.

El acuerdo establecía la adquisición para Europa de 300 millones de dosis con un coste total de 870 millones de euros, con un pago adelantado por la Comisión Europea de 336 millones.

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lnvestigación de vacuna contra el coronavirus en el Instituto del Corazón (Incor) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. EFE/ Sebastiao Moreira

El precio total de cada dosis sería de 2,90 euros, de los que 1,12 serán pagados por la Comisión Europea y 1,78 a cargo de los Estados miembros, un importe este último que puede incrementarse un 20 %, ha dicho Illa.

En el caso de que la vacuna de Astrazeneca no supere los ensayos clínicos -en estos momentos está ya en la fase III de los ensayos-, la cantidad que corresponde a los Estados miembros no será abonada.

El Ministerio de Sanidad concreta en un comunicado que, al requerir la vacuna dos dosis por inmunización, el número de inmunizaciones será la mitad de las dosis, y el coste total por inmunización, de 5,80 euros, de los que 3,56 euros le corresponderán a cada país.

El precio tope estimado para España es de 76 millones de euros, que se abonarán en el momento de la entrega de las dosis correspondientes, explica el departamento que dirige Illa.

Sanidad recuerda que la firma de los acuerdos avanzados de compra tiene como objetivo que la Unión Europea adopte las medidas necesarias para garantizar “una vacuna segura y eficaz” a los Estados. También que la negociación con las empresas farmacéuticas se haga “en las mejores condiciones posibles”.

El Ministerio especifica que para el cálculo de las dosis asignadas a cada uno de los países se ha tenido en cuenta criterios de población.

Las mascarillas más asequibles, vía IVA o con revisión de precios

Por su partes, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando para establecer un precio asequible de las mascarillas a todos los ciudadanos, y que lo hará vía IVA o con una revisión de los precios tras ser preguntada por la decisión de algunos países miembros de bajar el IVA de las mascarillas, a pesar de que una directiva de la Comisión Europea (CE) lo prohíbe.

Montero ha remarcado que la directiva “es diáfana y clara” respecto a la imposibilidad de bajar su precio y por eso los estados miembros que la han cumplido están reclamando a la Comisión cuál es el planteamiento que va a hacer al respecto, es decir si va a sancionar la postura de los otros países o va a permitir a todos los Estados bajar el precio.

“Nuestra intención es que vayamos todos en la misma línea y si hay países que han bajado la mascarilla y la CE no va a exigir el cumplimiento de la directiva lo más sensato es que se haga un paréntesis en su aplicación y que todos nos podamos beneficiar de la bajada del IVA”, ha replicado la ministra.

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