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La Defensora del Pueblo no ve inconstitucional el modelo sanitario de Madrid

La Oficina del Defensor, que dirige Soledad Becerril, avala las medidas sanitarias del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero afirma que “estará muy atenta a su implantación para evitar situaciones de desigualdad”, y asegura que intervendrá si hay “deterioro de la calidad del servicio”

La Defensora del Pueblo no ve inconstitucional el modelo sanitario de Madrid
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril/EFE/Emilio Naranjo

Así lo ha anunciado esta institución tras estudiar los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012 -que incluyen la privatización de seis hospitales y veintisiete centros de salud-, en los que no aprecia indicios de inconstitucionalidad, aunque señala que “faltan elementos básicos para valorar el nuevo modelo”, ya que se desconoce el proceso de contratación y las normas de control y supervisión por la Comunidad de Madrid.

La institución manifiesta, en un comunicado, la necesidad de “garantizar que el gasto por enfermo sea equivalente en la asistencia prestada por el Servicio Madrileño de Salud y en las entidades privadas”.

Asimismo, señala que se debe “asegurar la pluralidad entre las entidades privadas adjudicatarias para evitar que ninguna adquiera una posición dominante”.

El Defensor del Pueblo seguirá “con especial interés tanto el proceso de implantación de este nuevo modelo, como las fórmulas que deben adoptarse para garantizar la mayor homogeneidad y calidad de la actividad asistencial”.

En su escrito, aboga por reforzar “algunos derechos de los usuarios como el derecho a la libre elección o a una segunda opinión”, así como la posibilidad de establecer “un sistema en el que los profesionales sanitarios puedan dejar constancia de su criterio sobre la conveniencia de derivar a un paciente a un servicio concreto”.

La oficina también recuerda que “cualquier ciudadano que pueda sentir que sus derechos son lesionados tendrá a su completa disposición al Defensor del Pueblo”.

La resolución se produce once días después de que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) entregara a  Soledad Becerril un informe jurídico que encargó a un bufete de abogados que avalaba la inconstitucionalidad de las privatizaciones contenidas en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

 

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