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Informe de la Defensora del Pueblo, punto de arranque para mejorar las urgencias

Las cuarenta conclusiones del informe sobre “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud”, presentado por la Defensora del Pueblo, supone para profesionales, pacientes y administración el primer paso de un largo proceso, en el que la especialización profesional y un buen uso por parte del paciente debe mejorar la calidad del servicio

Informe de la Defensora del Pueblo, punto de arranque para mejorar las urgencias
Aspecto de la entrada de urgencias del Hospital Central de Asturias. EFE/J.L.Cereijido

Este documento es el resultado del debate sobre un texto compuesto por 124 cuestiones, surgido de la experiencia de los defensores del pueblo y las quejas ciudadanas, en el que han mostrado su punto de vista pacientes, profesionales sanitarios de urgencias y gestores administrativos de los 17 servicios autonómicos de salud y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para Ceuta y Melilla.

La consideración de estas recomendaciones como una base constructiva es compartida por Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes y vicepresidente de la Plataforma de organizaciones de pacientes, y por Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), quien valora “la critica de los defensores del pueblo, dentro del sistema, con la intención de mejorar” un servicio que atiende 26 millones de consultas al año.

“Seis de cada diez ingresos hospitalarios, son de pacientes de urgencias”, afirma Alejandro Toledo.

Unas cifras que, junto a epidemias eventuales, repercuten en la saturación de los servicios de urgencias al exceder sus capacidades, lo que deriva en un aumento del riesgo de error humano en el profesional sanitario y un menor cuidado en la dignidad y derechos de los pacientes.

Para hacer frente tanto a este problema como a otros puntos claves señalados en el informe, como la atención a pacientes vulnerables o la sobrecarga de trabajo en el profesional médico, los expertos destacan la necesidad de mejorar la formación sanitaria y en situar al paciente en el centro del servicio de urgencias.

Un aspecto que, según Juan Armengol, recoge el informe de forma constructiva mediante consejos generalistas, que en opinión de Alejandro Toledo muestran la necesidad de homogeneizar la calidad del servicio, y “no convertirnos en ciudadanos de primera o segunda, en función del territorio”.

Especialidad y gestión para aumentar la calidad

Junto a la visión que los pacientes poseen de este servicio, el informe recoge las carencias relacionadas con los recursos materiales y humanos que condicionan la calidad de la atención sanitaria.

“El documento es posibilista, puesto que la inversión sólo es necesaria en aquellos hospitales que toleran peor una actividad mayor de lo normal”, afirma el presidente de la SEMES.

Además de la renovación y adaptación de los espacios físicos al volumen de pacientes de cada hospital, los defensores del pueblo consideran que las carencias en recursos humanos son:

Un paciente es trasladado desde el Instituto Nacional de Silicosis, en donde la Consejería de Sanidad ha cerrado Urgencias, en Asturias. Efesalud.com
EFE/José Luis Cereijido
  • La falta de garantía en la presencia suficiente y constante de profesionales especializados.
  • La necesidad de mejorar la gestión para reducir el estrés de los profesionales sanitarios.
  • El Exceso de responsabilidad sobre los médicos internos residentes.
  • El déficit en la especialización de los médicos de urgencias y emergencias.

La resolución de este último punto mediante un campo de acción específico, un programa formativo y un cuerpo docente, supondría una mejor formación del profesional y ello, a su vez, repercutiría en una mejor atención de los pacientes.

El paciente, centro del servicio de urgencias

Tanto la sostenibilidad del sistema como las mejoras en el ámbito laboral de los profesionales sanitarios tienen como objetivo mejorar la calidad de la atención a los pacientes.

“Hay personas que entran en urgencias y, por no ser atendidas en tiempo y forma, tienen efectos adversos y eso es evitable con una buena planificación”, destaca Alejandro Toledo.

Para que estas situaciones no se produzcan, los defensores del pueblo insisten en que los aspectos a mejorar a la hora de atender a los pacientes son:

  • Tener en cuenta la experiencia de los profesionales para prever el nivel de demanda asistencial.
  • Incrementar recursos para garantizar a los pacientes en fase terminal una muerte digna y preservar el duelo de los familiares.
  • Mejorar los protocolos en la práctica del consentimiento informado, verbal o escrito, insuficiente en urgencias.
  • Reducir la saturación de este servicio, lo que da lugar a un menoscabo de la dignidad de los pacientes.

La causas de la congestión de la asistencia sanitaria se relacionan con el tiempo de espera para hospitalizar a los pacientes de urgencias, con los episodios ocasionales de ciertas enfermedades como la gripe y con el uso de este servicio, por parte del paciente, en función de la demora de la atención primaria y especializada.

Ambos expertos insisten en mejorar la información de los ciudadanos para conseguir un uso racional de este servicio que evite prácticas comunes como “aconsejar ir por urgencias para que te atiendan antes”, afirma Alejandro Toledo.

Un trato adecuado para cada paciente

El informe sobre los servicios de urgencias recoge  la necesidad de prestar mayor atención a aquellos grupos de pacientes en los que su edad, nacionalidad o estado clínico puede repercutir en un deterioro de la asistencia sanitaria.

“Hay que hacer hincapié en el acompañamiento de personas vulnerables, que utilizan las urgencias de forma recurrente, como ancianos, niños, personas con demencia, discapacidad o patologías crónicas”, indica Armengol.

Para responder ante las necesidades de este tipo de pacientes, el informe destaca el seguimiento del inmigrante en situación irregular hasta recibir el alta médica, más allá de la atención recibida en urgencias, la atención prioritaria en personas con trastornos cognitivos o un protocolo específico de asistencia en pacientes con riesgo de maltrato o exclusión social.

Todas estas medidas, en opinión del presidente de SEMES, supone una “demostración práctica de que el sistema gira alrededor del paciente”.

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