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El TC declara inconstitucional el euro por receta en Cataluña

El euro por receta en Cataluña fue suspendido de forma cautelar por el Tribunal Constitucional en enero de 2013, que poco después adoptó idéntica medida cautelar para Madrid; ahora el TC confirma la inconstitucionalidad en el caso catalán

El TC declara inconstitucional el euro por receta en Cataluña
EFE/Javier Lizón

Las farmacias catalanas dejaron de cobrar el euro por receta en enero del pasado año, una vez que la Generalitat recibió la suspensión cautelar de esta tasa autonómica por el Tribunal Constitucional (TC), tras recaudar 45,7 millones desde su implantación en mes de junio del 2012.

Aunque la decisión alcanzada por el Constitucional solo se refiere al euro por receta en Cataluña es seguro que la misma resolución se produzca en el recurso pendiente sobre la aplicación también de esta medida en Madrid.

El 29 de enero de 2013 el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció ante la batalla del euro por receta abierta por dos comunidades contra el Gobierno al suspender la aplicación de este impuesto también en la Comunidad de Madrid, después de hacerlo quince días antes en Cataluña.

El Gobierno recurrió los artículos 16 y 41 de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas de Cataluña, para impugnar dos tasas, una judicial por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de justicia, y otra sanitaria, conocida como el euro por receta.

En el caso del euro por receta, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy consideró que la decisión de Cataluña vulneraba la normativa estatal prevista para garantizar las bases de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos.

En su dictamen, el Consejo de Estado entendió también que la imposición del euro por receta vulneraba el artículo 149 de la Constitución y consideró que “las CCAA no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación publica”.

En la Comunidad de Madrid, el TC decidió el pasado 6 de junio mantener la suspensión cautelar mientras resuelve el recurso que el Gobierno presentó contra la decisión de cobrarlo de la Comunidad de Madrid.

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