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Dos grupos se presentan para gestionar tres hospitales públicos de Madrid

Dos grupos sanitarios, Ribera Salud y Sanitas, han confirmado la presentación de ofertas para gestionar tres de los seis hospitales públicos que la Comunidad de Madrid ha sacado a concurso dentro de su Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público

Dos grupos se presentan para gestionar tres hospitales públicos de Madrid
Hospital del Henares, en Coslada (Madrid). EFE/Chema Moya

El plazo para registrar las solicitudes ha finalizado a las 14.00 horas, pero los datos oficiales sobre el total de candidatos no se conocen porque aún no han sido recopilados por la Comunidad de Madrid.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha explicado que la finalización del plazo no implica que hoy “necesariamente” se conozcan los aspirantes, puesto que estos pueden registrar sus ofertas “en el registro de la Consejería de Sanidad, o en la delegación del Gobierno en Barcelona o en Bilbao”.

El Ejecutivo regional presentó el plan el pasado mes de noviembre como medida de ajuste para intentar, entre otras cosas, paliar el impacto que ha supuesto la reducción en más de 1.000 millones de euros que la Comunidad de Madrid percibirá este año en concepto de financiación autonómica.

La medida ha suscitado el rechazo de parte del colectivo sanitario que, desde entonces, ha llevado a cabo veintidós jornadas de huelga, así como “mareas blancas” y un referéndum popular, en el que más de 900.000 personas votaron en contra del plan.

Hasta las 14.00 horas de hoy, el grupo Ribera Salud ha confirmado que opta a gestionar los hospitales del sureste (Arganda del Rey) y el Infanta Leonor (Vallecas), mientras que Sanitas ha pujado por el del Henares, en Coslada.

Por el momento se desconoce si se ha presentado al concurso algún grupo sanitario de capital extranjero.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha mostrado convencido de que serán “muchas” las empresas que opten al concurso y de que, por tanto, se podrán hacer adjudicaciones que garanticen la prestación de un servicio “extraordinario de calidad”, “exactamente igual” que hasta ahora.

En principio, el Gobierno regional espera que el cambio de gestión se produzca en septiembre, aunque el consejero de Sanidad ha insistido en que los hospitales continuarán su actividad normal y en que “ninguno va a estar cerrado ni un solo día”.

Entre los requisitos que se exige a las empresas figuran la garantía del mantenimiento de empleo a los 5.200 sanitarios que trabajan actualmente en los seis hospitales, así como del mantenimiento de la calidad asistencial que la Consejería controlará a través de una serie de indicadores.

La concesión de la gestión a las empresas que lo han solicitado será por diez años desde la formalización del contrato.

Mientras tanto, a lo largo del mes de junio se analizará el plan asistencial que propone cada una de las candidatas y lo último será analizar la oferta económica, según ha explicado.

Fernández-Lasquetty ha apuntado que es un calendario que está marcado por plazos legales, por lo que espera que a finales de junio se haga la adjudicación definitiva.

Desde el primer momento, la medida del Ejecutivo regional ha suscitado el rechazo de la oposición, que considera que externalizar la gestión de los hospitales es el paso previo a una privatización en toda regla.

Así se han expresado los socialistas en numerosas ocasiones y hoy su líder, Tomás Gómez, ha querido dejar constancia de ello al señalar que la “sanidad no es un negocio” y al sugerir que hay “presiones” para que empresas “muy importantes” pujen por gestionar la sanidad.

Por su parte, el coordinador general de IU de la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, ha dicho que el “silencio” de la Consejería sobre el número de licitados es “elocuente” y que el Gobierno regional tiene “pavor a reconocer el mayor fracaso político que se recuerda” en esta autonomía.

Unas críticas que no comparte el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, para quien el único político que amenaza y chantajea a las empresas de la sanidad es Tomás Gómez, que, en su opinión, está instalado desde hace meses en una “sucia campaña de presión” al sector.

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