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La ley del Medicamento persigue ofrecer más garantías de calidad de los medicamentos y evitar la entrada de fármacos falsificados en la cadena de suministro legal.
La reforma establece garantías para que los descuentos o bonificaciones en el precio de los medicamentos dispensados en las farmacias se apliquen a todo el territorio nacional e impide a las comunidades establecer medidas que produzcan diferencias en el acceso a los fármacos financiados.
Con la nueva ley del medicamento se incorporan dos directivas europeas para reforzar la eficiencia de los sistemas de farmacovigilancia para anticiparse a posibles problemas causados por los medicamentos.
La reforma establece un mayor control de los agentes que participan en la cadena de distribución de medicamentos y prohíbe la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de productos sanitarios, así como su publicidad, cuando las administraciones sanitarias lo consideren procedente por razones de salud pública o seguridad de las personas.
La ley establece una regulación específica para los medicamentos biosimilares y un control por parte de la Agencia Española del Medicamento de los equivalentes terapéuticos, una reivindicación de la Organización Médica Colegial y de la mayoría de sociedades científicas y de pacientes.
Con la reforma, se actualizan las tasas que la Agencia Española del Medicamento recibe de las empresas por autorización, modificación, renovación o mantenimiento de fármacos.