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La CEOE lanza un pacto para que se deje de “denigrar” a la sanidad privada

– Doce instituciones, encabezadas por la CEOE, han firmado un pacto en defensa de la sanidad privada para reforzar su imagen, que se le reconozca como una parte “imprescindible e intrínseca” para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y para que se la deje de “denigrar” y “criminalizar”

La CEOE lanza un pacto para que se deje de “denigrar” a la sanidad privada
Quirófano donde se realiza el tratamiento del cáncer con radioterapia intraoperatoria/Foto facilitada por el hospital Quirónsalud Torrevieja

Este es el objetivo del pacto rubricado por entidades del ámbito sanitario privado, además de órganos y asociaciones representativas de médicos, farmacéuticos y pacientes, que pretenden que se reconozca “de facto” a la sanidad privada como parte del SNS.

Entre los firmantes del pacto está la Alianza de la Sanidad Privada Española, la Fundación Idis, Ribera Salud, las Organización Médica Colegial y la Alianza General de Pacientes, algunos de cuyos representantes han participado en el acto de presentación.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), según ha dicho el presidente de su comisión de Sanidad, Carlos González Bosch, se compromete con este pacto porque el SNS necesita del sector privado para su sostenibilidad, con lo que, a su juicio, “cuando un gestor público denigra a la sanidad privada está haciendo un flaco favor al bienestar de la asistencia sanitaria”.

Según Ana Plaza, secretaria general de la CEOE, la sanidad privada aporta un “valor crucial” en la sostenibilidad del sistema por eso no tiene que ser criticado “de forma gratuita”.

Cristina Contel, presidenta de la Alianza de la Sanidd Privada Española, ha abogado también por este pacto “despolitizado” y ha criticado a aquellos que están “socavando” la colaboración público-privada, cuando se ha demostrado “muy eficiente”.

El pacto es necesario, según Carlos Rus, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española, porque España “no va a tener un sistema solvente y sostenible si no cuenta con todos los recursos y la capacidad de gestión que aporta la sanidad privada”.

El sector sanitario privado cuenta con 452 hospitales, más de 50.000 camas, realiza el 56 % de resonancias, el 29 % de las cirugías y el 23 % de las urgencias; da empleo a mas de 252.000 profesionales y representa el 3,5 % del PIB de España.

Atiende a más de diez millones de pacientes, ocho de ellos con un doble aseguramiento, y eso contribuye, según Rus, a descargar la sanidad publica en términos económicos y operativos.

Por todo ello, Rus ha pedido “no demonizar” al sector y que las concesiones se decidan con criterios objetivos, “alejados de formulaciones ideológicas”, sin tener en cuenta la búsqueda del bienestar de los ciudadanos.

Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud, ha pedido a los gobiernos autonómicos, especialmente al de la Generalitat valenciana, que tomen decisiones de forma “responsable y con datos objetivos, sin ideas preconcebidas porque crean inseguridad jurídica”.

Según Rosa, el Gobierno valenciano no ha tenido en cuenta un informe que encargó al síndico de cuentas de la Generalitat sobre las concesiones, que apunta a que su coste es un 25 % menor que el de los hospitales de gestión directa, que las listas de espera son inferiores a la media y que la satisfacción de los ciudadanos es mayor.

Manuel Vilches, director general de la Fundación Idis, ha pedido acabar con el “carácter peyorativo” que el emprendimiento privado en sanidad tiene en España porque “no es de recibo que la sanidad privada sea utilizada como excusa para tratar de ocultar los graves problemas que aquejan a nuestro SNS en las diferentes comunidades autónomas”.

En el pacto se propone posicionar al paciente como centro del modelo sanitario y ponerlo en el foco de la toma de decisiones y estudiar una fiscalidad favorable para los gastos derivados de la asistencia sanitaria.

También reclaman incrementar el número de profesionales médicos, flexibilizar su compatibilidad, potenciar la interoperabilidad entre centros públicos y privados y defender la formación de los profesionales del sector privado.

El documento firmado concluye: “Nada justifica este conflicto respecto al cuestionamiento de la colaboración público-privada en la sanidad porque ya la propia sociedad española en sus decisiones día a día con más de un 30 % de aseguramiento nos está indicando cual es su deseo”.

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